La alcaldesa de Cartagena dice que el auto del juez viene a demostrar que el Ayuntamiento y la Comunidad hacen las cosas de acuerdo con la ley.

La alcaldesa, Pilar Barreiro, mostró ayer su tranquilidad ante la decisión del juez de permitir que continúen las obras de urbanización en el Monte Sacro “ya que esto viene a demostrar que el Ayuntamiento y la Comunidad Autónoma hacen las cosas de acuerdo con la ley, tal y como hemos venido defendiendo”, argumentó.

En palabras de Barreiro, “no es la primera vez que sectores minoritarios de la ciudad se empeñan en poner en entredicho la labor del equipo de gobierno, pero aún más, ponen a determinados técnicos municipales en el punto de mira y en situaciones difíciles, un fenómeno que no es casual y habría que estudiar”.

De este modo, la alcaldesa se refería al auto del titular del juzgado de Instrucción número 5 de Cartagena, quien ha desestimado la petición del ministerio fiscal de paralizar los citados trabajos. El magistrado considera que la medida de protección adoptada por la promotora para salvaguardar un trozo de la muralla de Carlos III “es suficiente y, por lo tanto, no tiene sentido acordar la paralización de las obras”.

Asimismo, la primera edil hizo hincapié en que hasta la fecha, el ayuntamiento de Cartagena “ha dado muestras de transparencia en todo el procedimiento de urbanización de esta zona del casco de Cartagena, colaborando con juzgado y fiscalía a los que ha enviado el expediente del Monte Sacro”.

Por su parte, los vecinos se manifestarán mañana en contra de esta resolución judicial que consideran “desacertada porque supone un daño irreparable contra el patrimonio”, destacó su portavoz Juan Antonio Martínez.

Aunque el juez ha dado su autorización para que la urbanización del monte Sacro siga adelante, hace menos de una semana que la Federación de Asociaciones de Vecinos de Cartagena interpuso una denuncia contra el Ayuntamiento y contra la dirección de Cultura de la Comunidad Autónoma por autorizar esta urbanización “que afecta a un entorno declarado como Bien de Interés Cultural (BIC), según el Real Decreto de 1980″, indicaron.

FUENTE: laopiniondemurcia.es

Ecologistas en Acción se une al movimiento vecinal de Cartagena surgido para proteger y recuperar el entorno histórico-natural del Monte Sacro para todos los ciudadanos,mostrando su apoyo a los vecinos de Cartagena y su repulsa a este proyecto, que no hace sino abogar por un urbanismo depredador que no respeta límites, ni medioambientales ni históricos.

La asociación denuncia el caso ante el Ministerio de Cultura y ante la Fiscalía, y solicita la paralización de las obras, la revocación de las licencias y la restitución de los daños producidos en la zona como consecuencia del comienzo de dichas obras.

El proyecto de urbanización denunciado pretende la construcción de 4 edificios con 64 viviendas, por la empresa Portmán Golf, lo cual provocaría un grave deterioro del entorno del Castillo del Monte Sacro, perteneciente al Conjunto Histórico Artístico del Casco Antiguo de Cartagena, y afectaría también a la muralla del Siglo XVIII, “Muralla de Tierra”, declarada Bien de Interés Cultural.

Este lugar es una de las 5 colinas que marcan gran parte de la Historia de Cartagena (Molinete, Monte de San José, Despeñaperros, Monte de la Concepción y Monte Sacro), y cabe destacar que pertenece al Conjunto Histórico-Artístico de Cartagena declarado por el Real Decreto 3046/1980, por el que se declara conjunto histórico-artístico el casco antiguo de la ciudad de Cartagena (Murcia). También se encuentra protegida por la Ley 16/1985 del Patrimonio Histórico Español.

Esta asociación considera muy grave que este proyecto, de iniciativa privada y dudosa legalidad, cuente con el visto bueno de las administraciones competentes: Ayuntamiento de Cartagena y Consejería de Cultura, y denuncia que las administraciones públicas vuelven a anteponer un proyecto privado al interés general de los ciudadanos, el cual deberían defender.

La Alcaldesa Pilar Barreiro y el Consejero Alberto Cruz vuelven a demostrar que en esta Región no hay nada que se salve ante la iniciativa privada, y que de poco vale la legislación nacional de patrimonio cuando contraviene determinados intereses privados.

Además, siguiendo la tónica de los últimos años, las administraciones regional y local desoyen y desprecian las protestas de los ciudadanos que defienden de manera legítima el interés general.

Ecologistas en Acción se lamenta de la incapacidad de nuestros gobernantes de generar una economía local sostenible entorno a uno de los patrimonios más singulares del mediterráneo, perdiendo la posibilidad de recuperar una seña de identidad de Cartagena.

Este es un caso más que viene a poner en entredicho las decisiones de la administración regional en materia de patrimonio, y por tanto supone una nueva justificación de la necesaria creación urgente de un Consejo Asesor de Patrimonio, con amplia representación de los ciudadanos y de profesionales independientes, que garantice una toma de decisiones basada en el interés general y alejada de cualquier interés puramente político o privado.

FUENTE: ecologistasenaccion.org